Innovación y Empresa
- La industria colombiana de flores y la crisis de EEUU
- ¿Quiere alquilar la habitación libre? La creciente popularidad del consumo colaborativo
- Inés Rosales: Recetas para internacionalizar una PYME orientada a un producto de alimentación tradicional
- Weemba: Las redes sociales llegan al sector financiero de la mano de los creadores de Patagón
- En busca de capital: Las perspectivas para las startups en 2010
- Cómo la startup chilena AxonAxis sedujo a la multinacional Equifax
- Lecciones de iniciativa empresarial y generación de riqueza del mundo en desarrollo
- Ana María Choquehuanca: 'Un contingente de bravas mujeres puede construir un mañana'
- Cómo la innovación y la actividad emprendedora pueden cambiar la sociedad
- Atreverse a cambiar: Cómo despertar al emprendedor que llevamos dentro
¿Dónde está el dinero? Las pymes españolas buscan financiación
El cartel de cerrado por cese de negocio cuelga cada vez de más pymes españolas. Cada día, miles de autónomos se dan de baja. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acusa a los bancos de no prestar, pese a las ayudas que están recibiendo.
El Gobierno español no es el único al que se le está acabando la paciencia con los bancos, tal y como aseguró hace unas semanas el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Los diferentes sectores empresariales apuntan a las entidades financieras como culpables de la restricción del crédito que afecta a la economía española. Grandes y pequeñas compañías señalan que acuden a la banca en busca de préstamos y se encuentran con la puerta cerrada. Para algunas patronales, la intervención del Estado es la única alternativa que les queda, ya sea avalando completamente sus préstamos o articulando medidas para que el crédito llegue a la economía real. Pero los bancos no son los únicos que han colmado la paciencia de las empresas. Pese a los optimistas mensajes del Gobierno, los empresarios están cansados de la contradicción entre lo que dice la Administración y su actitud hacia las compañías con las que trabaja, a las que debe cerca de 32.000 millones de euros.
"Trabajar para la Administración es un cáncer sin solución", asegura el presidente de la Confederación de Comercio Especializado (Cocem), Hilario Alfaro. La situación es grave, ya que algunos ayuntamientos han aplazado sus pagos más allá de un año, pese a que la Ley de Morosidad establece un máximo de 60 días. "En sectores como el de la construcción y las infraestructuras, estamos detectando retrasos en los plazos de pago de hasta 210 días", cuenta Antonio Barderas, presidente de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (Amef). Además, un contrato con la Administración ya no es tan bien recibido como hace un año por los bancos a la hora de descontar papel o ampliar líneas de crédito. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, asegura que el hecho de que los pagos públicos se retrasaran entre 210 y 365 días no era un problema el año pasado, "cuando los bancos adelantaban el dinero", pero ahora las reglas del juego han cambiado y "el primero que no da ejemplo es la Administración", que no paga intereses por su abultada deuda. Entre los trabajos sin cobrar y los pagos adelantados del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), que se ejecutan al emitir una factura y no cuando se abona, "los autónomos nos hemos convertido en una entidad financiera que presta a la Agencia Tributaria", asegura Amor.
El impago de los ayuntamientos afecta a diversos sectores, aunque uno de los más perjudicados es el de la construcción, al que los consistorios españoles adeudan más de 8.000 millones de euros. En cuanto a la prestación de servicios municipales, como la recogida de basuras, la morosidad se sitúa en cerca de un año, con unas facturas por pagar que, a falta de datos oficiales, podrían rondar los 2.000 millones de euros, según cálculos de las propias empresas del sector, que emplean a más de 80.000 trabajadores en todo el país. Si la situación no mejora, algunas firmas incluso se podrían llegar a plantear dejar de prestar estos servicios, como única alternativa a la quiebra.
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Patricio Rodríguez-Carmona, considera que la deuda de la Administración "es vergonzosa, ya que es una lápida sobre muchas empresas que está destruyendo miles de empleos", sin contar "la falta de confianza que existe por parte del sistema bancario”. Más allá de la eterna lucha con las administraciones, la situación se agrava por el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito. "Los diferenciales que se están aplicando son de euribor más dos o tres puntos", cuenta Barderas. En su opinión, "la situación no es tan catastrófica para aquellas compañías solventes, que controlan la deuda y tienen los fondos estructurados. Éstas siguen teniendo crédito". Sin embargo, ocho de cada diez autónomos tienen problemas de financiación, por lo que cada día desaparecen mil autónomos en España, un goteo que parece "invisible", pero que supuso el 60% del desempleo del último mes, según el presidente de la ATA.
Los establecimientos financieros de crédito se sienten discriminados por el Gobierno. A través de su patronal, Asnef (Asociación Nacional de Entidades de Financiación), han solicitado al Ejecutivo que les permita acceder a una mayor liquidez, tal y como ha hecho con las entidades bancarias. "La imposibilidad de lograr una mayor liquidez limita nuestras posibilidades de concesión de crédito a las familias y las pymes", explica Honorio Ruiz, su secretario general. En opinión de Ruiz, el Gobierno no ha valorado la importancia de estas entidades, que representan alrededor del 40% del crédito concedido a las familias. Las peticiones de Asnef pasan por la articulación de un mecanismo específico que les permita acceder a las subastas de activos, que sus emisiones de deuda en el mercado cuenten con el aval del Estado o que sus firmas puedan beneficiarse de las ayudas a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía), por ejemplo en la moratoria hipotecaria, para los clientes en paro. La única excepción es el Plan Vive (Vehículo Innovador, Vehículo Ecológico), una ayuda a la financiación de un coche nuevo. Entre los asociados de Asnef se encuentran Banco Cetelem, Cofidis, Santander Consumer Finance, Carrefour Servicios Financieros o Financiera de El Corte Inglés; así como Fiat, BMW, Peugeot o Volkswagen. El 80% de los coches se adquieren con préstamos, de los que la mitad son concedidos por establecimientos financieros de crédito. Este sector representa el 40% del crédito concedido a las familias.
Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? Robert Tornabell, profesor de Finanzas y ex Decano de Esade, apunta que “desde que los tipos de interés bajaron al 2% más un diferencial razonable (0,50%), a raíz de la entrada del euro y la EMU (Unión Económica y Monetaria), todas las empresas recurrieron al endeudamiento. El eslogan era: la deuda desgrava y es más barata que los capitales propios”. Esta situación, que comenzó en el año 2000, se prolongó hasta bien entrado el 2007, cuando finalmente estalló la crisis mundial. “La industria auxiliar de la construcción, formada por miles de pymes, tenía carteras de pedidos que parecían inacabables. Los ayuntamientos pagaban tarde (más de seis meses) y también las comunidades autónomas. No importaba. Descontaban en el banco los pagarés y el coste era tan bajo que fueron trabajando con deuda sin ampliar capital, que hubiera sido lo razonable”, explica Tornabell, que añade que “llegó un momento en que los bancos ya no se contentaron con cuentas de resultados de 2,5 veces ebitda (margen de explotación bruto), sino que pidieron 4 y 5,5 veces. Entonces, se redujo la financiación para el sector productivo y, además, cancelaron pólizas de crédito y exigieron márgenes o diferenciales que pasaron del 0,75% al 2,5%”.
En busca del crédito
Olga Bueso lleva más de 20 años al frente de su empresa, Boch, una firma multimarca especializada en calzado, bolsos y prendas de cuero, que cuenta ya con quince establecimientos en España. Sin embargo, tras dos décadas manteniendo una contabilidad impecable, sin que le hayan devuelto ni una letra, asegura que, "en seis meses, tendré que cerrar si no encuentro financiación o hipoteco mi casa". A Bueso le vencen en mayo y junio las dos líneas de crédito que tiene para mantener en funcionamiento su negocio. "Al ver que las cosas se están complicando, he querido ser previsora", apunta la empresaria, también miembro de la junta de Acotex (patronal del textil), que ha visto cómo se le iban cerrando todas las puertas de las entidades financieras.
En primer lugar, probó suerte con el préstamo que concedió el Banco Europeo de Inversión a finales de 2008, en un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y las entidades financieras Caja Madrid, BBVA y La Caixa. “Nadie faltó a la foto, pero ¿dónde está el dinero? Nadie lo sabe", asegura Bueso. Su siguiente paso fue recurrir a un plan puesto en marcha entre la Cámara de Comercio y Caja Madrid para pymes. Cuando parecía que todo iba bien, la entidad financiera le respondió que el préstamo "no era viable". Avalmadrid, la entidad pública de la Comunidad de Madrid, se convertía así en su esperanza, pero al final "tampoco sale la operación", explica Bueso. La negativa, en este caso, se debe a un error en el procedimiento de solicitud, que parece haber cambiado recientemente. "Me están dando largas", apunta la empresaria.
Su último intento ha sido las líneas ICO, en las que el Instituto de Crédito Oficial avala un porcentaje del préstamo solicitado. Bueso explica que en Santander le han comentado que "hay una orden interna de sólo concedérselo a las personas con dinero en el banco"; en Banesto, sólo se apoyan los créditos para nuevas inversiones, mientras que ella lo necesita para financiar su circulante, es decir, para seguir funcionando; y la lista de problemas con las entidades financieras continúa. Para Lorenzo Amor, presidente de la ATA, es "desalentador" que sólo 1.000 autónomos en España (de más de dos millones), hayan podido acceder a esta fuente de financiación, ya que la mayoría, cuando ha intentado solicitar este aval, se han encontrado con un "no" por respuesta porque las sucursales "no tienen la aplicación informática necesaria" para tramitar la solicitud, asegura Amor.
Esta situación se extiende a otros sectores de la economía española, como el de materiales de construcción. "A algunos de nuestros asociados, les dicen en el banco que tienen orden de no conceder créditos ICO. En cualquier caso, sólo los conceden a clientes preferenciales y bajo condiciones duras", asegura Luis Rodulfo, director general de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco). "Lo único que pedimos a las entidades financieras es que sean más claras, dinámicas y eficaces a la hora de otorgar los créditos ICO. Día a día mueren empresas de materiales de construcción. El problema es que han hecho bien su trabajo, pero están sometidas por los impagos de los clientes. Ya se plantean no suministrar materiales porque no tienen certidumbre de cobrar", cuenta Rodulfo.
A este directivo se le ocurre una solución para el grave problema de financiación: "Que se fortalezca la Compañía Española de Refinanciamiento (Cersa) [sociedad mercantil estatal], que se dedica a reasegurar la cobertura del riego de las empresas". Otro sector afectado es el del turismo. Pese a que "2008 no ha sido un año catastrófico, en el sector turístico tenemos los mismos problemas de crédito que el resto de la economía española. El Gobierno tiene que invertir inteligentemente para fortalecer el turismo, que es el petróleo de nuestro país", asegura Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (Feeav).
El profesor de Finanzas de Esade apunta que “el ICO sólo tiene una línea de 3.000 millones para pymes” y para optar al préstamo “tiene que ser con la colaboración de una entidad de crédito, pero la mayoría lo rechazan porque tienen que dar el 50% restante y no les es rentable, por tipos de interés preferenciales y bajos márgenes para el riesgo en que incurren. Prefieren mantener la liquidez”. El mismo vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, ha reconocido que “tendríamos que aumentar los recursos del ICO, pero no para las pymes, sino para grandes proyectos y para las grandes empresas”. Para Tornabell, “las pymes son percibidas de alto riesgo. Han perdido a sus grandes clientes (industria auxiliar del automóvil, inmobiliarias o constructoras) y los ayuntamientos y las comunidades autónomas no tienen recursos y pagan mal y tarde. Luego, los bancos no les descuentas pagarés o lo hacen con la exigencia de avales, tipos de interés y márgenes elevados. Es más, si tienen una póliza de crédito se la cancelan o exigen garantías adicionales”.
Entonces, ¿a quién están prestando los bancos? “Desde luego, a todas las empresas que no tengan que ver con los sectores en crisis. Exigen que el prestatario potencial tenga cuentas de resultados con ebitda superior a 5,5 veces lo que piden en préstamo”, asegura Robert Tornabell. En su opinión, “debería darse preferencia a las que exporten, pues el déficit de nuestra balanza de pagos por cuenta corriente alcanza el 8,5% del PIB (y supera en proporción al de Estados Unidos). Ahora bien, las exportaciones no se improvisan, sino que son el resultado de una planificación de años, y ser competitivos en costes, calidad y prestaciones. El banco de pruebas de una empresa es muy simple: ¿puede competir en los mercados internacionales, que cada vez son más exigentes?”
Fuente: Universia Knowledge@Wharton
