Política y Gobierno
- ¿El fin del sueño americano?
- ¿Las reformas de Raúl Castro conducirán a una nueva Cuba?
- El inesperado vuelco en el millonario negocio de la minera Codelco
- Europa busca financiación de los países del Golfo, pero sin hablar de libre comercio
- China saca a relucir las debilidades de América Latina
- "El manifiesto de la felicidad": ¿Puede un país aprender a ser feliz?
- Tráfico de drogas, violencia y futuro económico de México
- De ganaderos a agricultores: ¿Pueden los hacendados argentinos lucrarse con el boom de las materias primas?
- ¿Quo Vadis Mercosur?
- ¿Logrará la creciente clase media latinoamericana desarrollar todo su potencial?
Venezuela y Argentina: La arbitrariedad del populismo vuelve a sembrar el desconcierto en 2010
Dos de los gobiernos más populistas de América Latina –Venezuela y Argentina- han comenzado el año, aunque por motivos diferentes, con dos medidas que vuelven a sembrar el desconcierto entre la población y los inversores extranjeros de la región. La primera de ellas llegaba el 7 de enero de la mano de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que decidía atajar el pulso que mantiene con el presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, por la vía rápida. El Ejecutivo ordenaba su cese por decreto, tras haber solicitado, sin éxito, su renuncia después de que éste se negara a ejecutar un decreto presidencial que obligaba al uso de 6.569 millones de dólares –el Fondo del Bicentenario-, de las reservas monetarias nacionales para pagar deudas soberanas.
Unos pocos días después, una jueza suspendía el decreto y Redrado era repuesto en su cargo dado que la Carta Orgánica del BCRA establece la intervención del Congreso como paso previo a la destitución de un miembro del Directorio. A partir de ahí, la relación entre el Gobierno y Redrado se enredaba dando lugar a situaciones insólitas, como la decisión por parte del ejecutivo de bloquear el acceso de Redrado al banco poco después de su restitución. Finalmente, el “culebrón” argentino se cerraba, casi un mes después, con la dimisión, en rueda de prensa, del presidente del BCRA y con la designación, el 3 de febrero, de Mercedes Marcó del Pont, una persona afín a los Kirchner, como presidenta de la institución.
En medio del conflicto, un juez de EEUU decretaba el embargo de los fondos del BCRA en la Reserva Federal estadounidense a petición de los fondos de inversión Elliot y Dart, que reclaman el pago de bonos soberanos argentinos impagados desde el default de 2001. Redrado ya había expresado su temor a que algo así sucediera porque con el nuevo decreto de bicentenario los fondos del BCRA podrían pasar a considerarse propiedad del Gobierno. Sin embargo, tras una reunión entre los abogados del Banco Central en EEUU -que reclamaban que esta acción era innecesaria e interfería con operaciones bancarias legítimas- y los representantes de los demandantes, se decretaba el levantamiento del embargo.
Todo esto ha tenido un impacto negativo en las cotizaciones de los bonos argentinos y en la bolsa. “El riesgo país aumentó de 651 a 727 puntos sobre todo después del embargo. La bolsa cayó 2.78%. Sin embargo, la autoridad monetaria logró mantener el dólar estable en torno a 3,83 dólares”, indica el último informe de coyuntura del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina, para la red Econolatin, un observatorio online de la economía latinoamericana.
En estos momentos, la justicia argentina mantiene bloqueado el traspaso de reservas al Gobierno por parte del banco. Tras la decisión judicial, el Parlamento deberá debatir a partir de marzo, tras el receso veraniego, la autorización para transferir las reservas del banco central.
El conflicto institucional estallaba justo en un momento en que Argentina pretende refinanciar bonos en mora por valor de 20.000 millones de dólares en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración de la deuda pactada en 2005, con la que se ponía fin al “default” en el que el país entró cuatro años antes y del que necesita salir imperiosamente para conseguir financiación a precios más bajos. En 2010, Argentina debe afrontar pagos por 13.000 millones de dólares en vencimientos de la deuda pública, que suma 130.000 millones, lo que representa un 40% del PIB.
Pero la desaceleración económica –según el Gobierno, el PIB creció el 0,9% en 2009, pero analistas independientes aseguran que cayó el 4%- ha golpeado los ingresos fiscales y secado el ahorro presupuestario. Desde 2004, escriben los analistas del CIF, “el superávit fiscal ha sido uno de los pilares fundamentales de la política económica del Gobierno, pero se ha deteriorado claramente en 2009. El resultado primario ese año fue negativo en 1,3% del PBI”. En su opinión, para 2010, el panorama sigue dando muestras del deterioro. “Si bien se esperan mejoras en la recaudación producto de una inflación de aproximadamente 20% y el crecimiento económico, no se espera que el gasto vaya a moderarse”. Esto se debe, principalmente, a los nuevos programas de subsidio por hijo, “que incrementan el gasto en aproximadamente $7.400 millones (0,6% del PIB)” y a que, además, “las cuentas fiscales de 20 provincias están en rojo y en su conjunto alcanzarían un déficit del 1.2% del PBI”.
Felipe Monteiro, profesor de Gestión de Wharton, no considera que la injerencia del Gobierno en el BCRA sea un hecho tan grave como si hubiera tenido lugar en otro país de la región como Brasil, Chile o México, cuyos gobiernos no son de corte populista. Allí, dice, “una situación de estas características sería una sorpresa total para los inversores extranjeros”. Y señala que esa sensación de que el Gobierno no respeta lo límites no genera una sorpresa en los mercados. “El debate seguirá en la justicia, en el Congreso, y no sabemos muy bien qué pasará al final… Sin embargo, algo así coincide con la política “consistente” de que el Gobierno entra en áreas que no son tradicionalmente de su ámbito”.
En general, dice, los inversores están en situación de “stand-by, desuspenso, ya que con las elecciones (presidenciales) del año que viene puede cambiar la situación política y el país puede volver a un clima de inversiones mejor”. Hasta entonces, la inestabilidad institucional vuelve a ensombrecer el horizonte de la tercera economía de la región.
Las elecciones fuerzan una devaluación en Venezuela
Casi al mismo tiempo que el decretazo removía los cimientos institucionales de Argentina, Hugo Chávez anunciaba la devaluación del bolívar venezolano en casi un 50% frente al dólar. A partir de ahora, en lugar de un único tipo de cambio de 2,15 bolívares el dólar- el cambio oficial desde 2005-, habrá un sistema de tres precios: un tipo de cambio para los productos de primera necesidad de 2,60 el dólar, otro para el resto de los artículos de 4,30, y una tasa de mercado.
Una decisión que, aunque esperada, coge con el pie cambiado a los expertos. Para Richard Obuchi, profesor de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de la Administración de Venezuela, la devaluación del bolívar ha sido una sorpresa. Aunque reconoce que se trata de una acción que el Gobierno tenía que llevar a cabo tarde o temprano, debido a la considerable inflación acumulada desde que se estableció el tipo de cambio oficial, en su opinión, “los efectos negativos de esta política sobre la popularidad deberían haber impulsado al Gobierno a postergar esta decisión el mayor tiempo posible”.
Al menos, hasta después de las elecciones legislativas que se celebrarán en septiembre de 2010 y a las que Chávez se enfrenta, de momento, con una aprobación algo inferior al 50%, cuando hace un año se situaba en el 60%. Este escenario es consecuencia, principalmente, de la crisis que ha llevado a cerrar 2009 con un retroceso del PIB del 2,9% y una inflación del 25%, la mayor de la región. Las perspectivas para el año entrante tampoco son mucho mejores. Se estima que la actividad económica sea también negativa, entre un 2 y un 3%. Por eso, teniendo en cuenta la percepción negativa que suele tener la población de las devaluaciones, Obuchi cree el Gobierno ha podido adelantar el cambio hasta comienzos de año para que esté lo más alejado posible de la cita electoral. “Con ello, abarata su deuda interna y tiene menores presiones en el financiamiento para poder elevar el gasto público antes y durante la campaña electoral”.
Entre otras cosas, dice Obuchi, “esta decisión hace pensar que la situación fiscal del Gobierno está en peores condiciones de lo que parece y demuestra lo vulnerable de la economía venezolana ante shocks externos”. La crisis financiera internacional ha puesto de relieve la gran dependencia que tiene el quinto exportador de petróleo del mundo de los ingresos procedentes del oro negro y el impacto negativo que ha tenido la caída de los mismos en los ingresos nacionales. Aunque, en 2010, el experto espera que haya ingresos fiscales superiores por la recuperación de los precios del crudo, “lo que determinará las actuaciones del Gobierno y de los agentes en la economía”.
El efecto inflacionario
El efecto más inmediato de la devaluación será “el alza en los precios por las expectativas de la población y por el encarecimiento de las importaciones que antes se realizaban a 2,15 bolívares y que ahora se harán a 2,60 y 4,30 bolívares”, señala Obuchi. Las diversas devaluaciones de los últimos años en el país siempre han sido muy inflacionarias en los primeros meses. Y comenta que “en el mes de enero y febrero de 2003, cuando se cambio el esquema cambiario a un valor fijo de 1.600 bolívares por dólar, la inflación intermensual se ubicó en 2,9% y 5,5% respectivamente, y fueron los valores más altos de año”. Este efecto inflacionario también se sintió en 2004 y 2005, años en los que la moneda también fue devaluada y su valor se fijó en 1.900 bolívares por dólar y 2.150 bolívares por dólar, respectivamente. Algunos analistas locales estiman que la devaluación podría disparar la inflación hasta un 50% este año.
De momento, para proteger al país de supuesta especulación que ha tenido lugar en el abastecimiento de alimentos tras la devaluación, Chávez ordenó la nacionalización de la cadena de hipermercados franco-colombiana Éxito y el cierre temporal de hasta 150 comercios. El Gobierno también anunció que recurrirá a importaciones masivas de autos e, incluso, de útiles escolares como medida de protección frente al alza de precios.
A pesar de todo, Obuchi cree que si el Gobierno “logra inyectar suficientes divisas en el mercado, acelera la entrada de dólares para la importación y logra disminuir significativamente el valor del dólar paralelo (cuyo valor viene dado por la cotización de papeles de la deuda y otros instrumentos financieros nominados en divisas), en el mediano plazo puede verse un efecto positivo sobre la inflación”.
La caída de la inversión extranjera
Las cuentas de resultados de las filiales extranjeras presentes en el país también se han visto afectadas por la medida de Chávez, ya que automáticamente todo su negocio venezolano pasará a valer la mitad que antes, tanto en ingresos como en beneficios, al cambiarlo a euros, en el caso de las empresas españolas. De éstas, Telefónica ha sido la más perjudicada porque tiene pendientes de repatriar dividendos millonarios por los beneficios de varios ejercicios, que algunas fuentes estiman en 1.400 millones de euros. Aunque también se verán perjudicadas el banco BBVA, la aseguradora Mapfre y la petrolera Repsol, entre otras
Las cifras avalan la desconfianza que tienen las empresas extranjeras de la política del Gobierno. La inversión extranjera directa (IED) en 1998 era de unos 6.200 millones de dólares y, en 2008, se situó en 1.700, un 72% menor. Y aunque se trata de una tendencia general en la región, ya que los resultados de un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) muestran una caída del 41% de IED en América Latina en 2009, Monteiro señala que, en este sentido “Venezuela está aislada del resto de países. Cuando se habla de inversiones, el país está en otra categoría, nadie pone en el mismo porfolio a Brasil, México y Venezuela”.
El profesor de Wharton señala que las empresas contemplan dos escenarios diferentes a la hora de enfrentarse a un país como Venezuela. Dependiendo de si ya se cuenta con inversiones en el territorio, como es el caso de Telefónica, o si hay que tomar la decisión de entrar en él “hay un diferente cómputo de riesgos y beneficios”. En el primer escenario, dice, “hay que tener en cuenta que muchas veces la solución a determinadas situaciones va a pasar por un negociación política y ésta no se plantea en términos financieros solamente”. Y añade que “hay que contar con gente que conozca bien el mercado, no solo los aspectos puramente económicos sino también la situación política para poder negociar”.
El efecto pobreza
Además, tal y como señalaba el profesor de Economía de IE, Rafael Pampillón, en un reciente blog, en general, la devaluación va a tener fuertes efectos redistributivos en el país, “perjudicando a los que tienen deudas en dólares, reales, euros, etc. que tendrán que convertir ahora más bolívares que antes de la devaluación para pagar esas deudas y beneficiando a los acreedores en dólares que ahora recibirán más pesos”. E indicaba que quizá sean las pequeñas y medianas empresas quienes estarán en la situación más comprometida con deudas en dólares y flujos de ingresos (ventas) vinculados básicamente al mercado doméstico (bolívares).
Para las familias que mantienen deudas en moneda extranjera, añade Pampillón, “la devaluación aumentará la relación deuda/ingresos provocando recomposiciones en la estructura de gastos del hogar con un efecto negativo sobre el consumo. En términos generales, la devaluación para las familias y pequeñas empresas puede generar un efecto pobreza”.
Y aunque una devaluación de la moneda implicaría una mejora en la competitividad en el mercado internacional de los bienes producidos en el país, para Obuchi “las numerosas regulaciones, ataques a la propiedad, ataques al sector privado y otros riesgos, desincentivan la inversión y la producción nacional”. Un punto en el que coincide Pampillón, que señala que los males de la economía no proceden solo del bolívar “que, sin duda, está sobrevalorado sino, y sobre todo, por no haber acometido reformas fiscales en profundidad y no haber combatido la ineficacia y la corrupción en la clase política”.
A pesar de todo, Pampillón cree que la decisión del presidente venezolano va en buena dirección porque, con ella, se aproxima al mercado. “Lo más acertado sería romper con el sistema de tipo de cambio fijo y controlado y adoptar un sistema flotante. Tener tipos de cambio fijo es tanto como aceptar el fracaso de otras medidas de política económica para controlar la inflación, lo que transmite poca credibilidad a los inversores. De ahí que en el mundo ha habido una clara tendencia a abandonar los regímenes de cambio fijo para adoptar tipos flotantes”.
Obuchi también cree que si el Gobierno logra disminuir significativamente el valor del mercado paralelo y controlar en cierta medida la inflación en el país, el efecto negativo de la devaluación podría verse mermado. Además, “la devaluación libera parte de las presiones fiscales del Gobierno y lo ayuda a poder financiar su campaña electoral”. Una cita en la que no sólo se tendrá en cuenta los efectos la devaluación, también se evaluará las consecuencias del plan de racionamiento eléctrico al que está sometido el país desde principios de año como consecuencia de la escasez de lluvias en 2009. Algo que, sin duda, “impactará negativamente en la producción nacional, el empleo y el bienestar en general”, concluye Obuchi. El tiempo dirá si la estrategia adoptada por Chávez produce los réditos políticos esperados.
Fuente: Universia Knowledge@Wharton
