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¡Alerta!, las opas llegan a los Tribunales
Endesa, Metrovacesa y Europistas. Estas tres compañías españolas tienen un significativo denominador común: han visto cómo las opas lanzadas sobre ellas terminaban en los tribunales. Las encarnizadas luchas que se han desatado por controlarlas han desviado el foco de atención desde la Bolsa hacia los juzgados. Un cuestionado movimiento que ha desatado las dudas en el mercado de valores. ¿Se deben llevar estas operaciones ante la Justicia?, ¿no se rompen así las reglas del mercado?
"Encuentro necesario que los ciudadanos puedan recurrir a los tribunales para defender sus intereses. Y las opas son y deben ser tratadas como una actividad más del mercado en una economía moderna y competitiva", explica Benito Arruñada, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. "Creo que cualquiera debe poder reclamar ante los tribunales si, en su opinión, se han vulnerado sus derechos", añade Juan Mascareñas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Además, comenta, "acudir al juez forma parte de los sistemas defensivos habituales en el mundo occidental porque, aparte de lo dicho anteriormente, persigue ganar tiempo para organizar otro tipo de defensas".
Está claro. En general, los expertos coinciden en considerar a los tribunales una vía más para zanjar las operaciones empresariales. Aunque éstas se presenten en forma de opa. No obstante, como matiza el profesor de Wharton, Mauro Guillén, "sería mejor que existiese una legislación más clara sobre lo permisible y unas previsiones más claras sobre qué vías legales y en qué países se pueden adoptar". En concreto, el profesor destaca un caso que ha despertado sus dudas: "el hecho de que E.ON recurriera a un tribunal de Estados Unidos".
El pasado 16 de octubre, el gigante eléctrico alemán presentó una demanda en un tribunal de Nueva York contra el grupo de infraestructuras español Acciona. En ella, acusaba a la compañía de la familia Entrecanales de querer bloquear la opa germana sobre Endesa. ¿Cómo? Adquiriendo acciones de manera concertada con la cúpula de la eléctrica presidida por Manuel Pizarro. Además, E.ON acusaba a Acciona de haber ofrecido información falsa ante la SEC, el regulador de la Bolsa de Estados Unidos.
Acciona no tardó en reaccionar y presentó toda la documentación que exigía su rival. El problema, según dio a entender hace unas semanas Manuel Conthe, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es que en Estados Unidos y España la legislación es diferente. Por eso, dijo, la información que solicitan las autoridades al otro lado del Atlántico es diferente a la española.
Precisamente, las diferentes legislaciones de cada país explican las dudas del profesor Guillén sobre el hecho de que E.ON haya recurrido a la justicia estadounidense para solucionar un conflicto empresarial en España. Sobre todo, porque Acciona no ha recibido ninguna queja por parte del supervisor bursátil español ya que, según ha mantenido en varias ocasiones Conthe, cumple con los requisitos exigibles en la Península. En cambio, la justicia neoyorkina ya ha emitido una opinión preliminar dando a entender que Eon podría llevar razón.
Esta compleja situación se enreda todavía más si se tiene en cuenta que la demanda de E.ON contra Acciona se suma a las ya presentadas por Endesa y Gas Natural.
En el último año, Endesa ha recibido dos opas. La primera vino de la mano de Gas Natural y fue recibida por el consejo de la eléctrica como hostil. La segunda corresponde a E.ON, que siempre ha sido visto con buenos ojos por la cúpula de Endesa. Sobre todo, porque ofrecía un precio muy superior al de Gas Natural: 27,5 euros por acción, frente a los 21,4 euros del grupo catalán. Pero, hace dos meses, un tercer jugador entró en liza: Acciona compró el diez por ciento de Endesa. Ya controla el 20 por ciento y su objetivo es llegar al 33 por ciento el próximo año, cuando se modifique la ley de opas en España.
Esta maraña de compradores ha terminado derivando en una maraña judicial, con diversos recursos interpuestos. Primero, Endesa demandó a Gas Natural por el acuerdo de cesión de activos con Iberdrola. La eléctrica necesitó un aval de mil millones de euros, pero consiguió paralizar la opa de Gas Natural. De hecho, aunque E.ON ya ha recibido el visto bueno de la CNMV a su folleto de opa, esta operación no podrá cerrarse mientras que la Justicia española tenga paralizada la opa de Gas Natural.
La gasista tampoco se ha quedado quieta. Consciente de que E.ON le estaba comiendo terreno, presentó una demanda en un tribunal de Barcelona, acusando a la compañía alemana de presunto uso de información privilegiada, en connivencia con Endesa, en la oferta que ha presentado sobre la eléctrica.
Tantas demandas llevan a pensar que todos los jugadores están intentando ganar en los tribunales una batalla que se les resiste en el mercado. Una postura que el profesor Arruñada justifica: "En la práctica, el posible uso de la litigación como defensa anti-opa es indistinguible de su uso como defensa del interés de los accionistas", señala. De hecho, la aparición de E.ON, y Acciona ha contribuido a disparar el precio de Endesa. Primero, el grupo alemán elevó el precio a 27,5 euros por títulos. Cuando irrumpió Acciona, elevó la puja a 35 euros y, ahora, el mercado baraja la posibilidad de llegar a 40 euros por acción.
Pero el minoritario no sale siempre beneficiado cuando se recurre a la justicia. Un ejemplo reciente son las opas que se han vivido sobre la concesionaria Europistas. La constructora Isolux ofreció 5,13 euros por acción. Sacyr Vallehermoso elevó la puja a 6,13 euros. Cuando ambos tuvieron que hacer la propuesta definitiva, la constructora disparó su puja hasta 9,15 euros; mientras que Isolux mantuvo el mismo precio. Para intentar frenar a su rival, presentó un recurso ante la CNMV, porque consideraba que no debería haber aprobado la opa de Sacyr. Pero el supervisor de la bolsa rechazó el recurso. Entonces, Isolux dijo que seguiría los mismos pasos ante la Audiencia Nacional.
Si la CNMV hubiera dado la razón a Isolux, los minoritarios habrían tenido que conformarse con una oferta muy inferior. Algo parecido ocurrió en la constructora Metrovacesa. En este caso, la familia Sanahuja intentó buscar un resquicio legal que le dejara libre de tener que lanzar una opa sobre el 100% de la compañía y dirigir su oferta sólo sobre el 24%. Opción que tanto la CNMV como los tribunales desecharon, abriendo la puerta a que ganaran la batalla sus rivales: Joaquín Rivero, presidente de Metrovacesa, y Juan Bautista Soler.
No obstante, el profesor Mascareñas entiende que tanto Isolux como la familia Sanahuja intentaran, por todos los medios, ganar la batalla. "Llevar las opas antes los tribunales ni es bueno ni malo para los minoritarios. Todo depende del resultado que tenga sobre el precio de las acciones, exactamente igual que cualquier otro mecanismo defensivo utilizado", señala. "Acudir a los tribunales es un mecanismo de defensa más", insiste.
De hecho, en el caso de Endesa, "los minoritarios se van a beneficiar de la defensa numantina que Pizarro, presidente del grupo, ha hecho de Endesa. Aun así, claramente, no gozan de mucha influencia. Pero ésa es la naturaleza de los pequeños accionistas siempre", advierte el profesor Guillén.
Quizás por ello, el profesor Arruñada admite que, en ocasiones resulta difícil justificar el recurso ante la justicia. Por eso, propone que el Estado tome cartas en el asunto por días vías: "agilizando los procesos judiciales y cobrando un precio explícito a los usuarios de los servicios judiciales, de modo que su posible uso frívolo o dilatorio no esté subvencionado por los contribuyentes, como tal vez sucede en la actualidad".
Fuente: Universia Knowledge Wharton
