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El paquete de medidas que el Ejecutivo ha elaborado para reducir los números rojos de las arcas públicas ha sido criticado por unos, y alabado por otros. Pero, ¿hasta qué punto puede afectar a una pequeña o mediana empresa? 
 
 

 

Aunque desde hace unas semanas no se habla de otra cosa, no está de más recordar cuáles son los recortes más importantes: 
 
 

 

Una de las medidas que más polémica ha levantado ha sido la bajada del sueldo de los funcionarios, entre un 0,56 y un 7%, y entre el 8% y el 15% para los altos cargos. Esta reducción va acompañada de la congelación de los sueldos en 2011. 
 
 

 

El ajuste de las pensiones es otras de las propuestas que más confusión ha creado, pues la prestación no baja, sino que se suspende su revalorización (que depende del IPC) en 2011, excepto en las pensiones mínimas que son las no contributivas. Se elimina también el régimen transitorio de la jubilación parcial, es decir, para acceder a ella habrá que tener un mínimo de 61 años, haber cotizado un mínimo de treinta y haber trabajado al menos seis años en la última empresa. 
 
 

 

Asimismo, desaparece la retroactividad en las prestaciones por dependencia. Las solicitudes han de tener un tiempo máximo de seis meses de resolución a partir del uno de junio. Y también se estipulan recortes del gasto farmacéutico, se cancela la ayuda de 2.500 euros por nacimiento -el conocido como cheque-bebé-, se reducen en 600 millones de euros las ayudas al desarrollo y también la inversión pública estatal, así como la regional y la local.

 

 

A primera vista ninguna de ellas afectaría directamente a PYMES y autónomos, pero si miramos más allá de la superficie, podemos encontrar algunos inconvenientes a los que la pequeña y mediana empresa tendrá que enfrentarse con optimismo. 
 
 

 

 

 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se muestra a favor de la mayoría de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, pues afirman que muchas de ellas ya habían sido demandadas por los empresarios. No obstante, se lamentan de que se haya actuado tarde, y de que algunas de decisiones impliquen la reducción del gasto en partidas que afectan directamente a la productividad de las empresas, como por ejemplo, los gastos en inversión, “cuyo recorte influirá negativamente en la actividad económica”.

 

En la misma línea se muestra PIMEC, que representa las micro, pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Cataluña. La patronal celebra las medidas adoptadas, aunque “llegan tarde” y no tratan cuestiones estructurales como la reforma laboral. Les preocupa, además, que se desplacen en el tiempo inversiones que favorecerían el sistema productivo, “que es el que más atención debería recibir”.

 

Por su parte, desde Ticpymes, portal especializado en la pequeña y mediana empresa, ven con preocupación el hecho de que el desarrollo y la inversión pública se reduzcan en 6.000 millones de euros. Y afirma que ante medidas de este tipo “las PYMES tendrán que apretarse el cinturón hasta pasar el bache de la crisis”.

 

 

Desde algunos foros se ha criticado, además, que la tanda de medidas no contemple acciones de promoción del autoempleo ni de las PYMES, que son las generadoras de la mayor parte del empleo en España, y un importante motor económico en época de vacas flacas.

Y el Partido Popular (PP) se muestra contrario al Decreto Ley, y afirma que las PYMES serán castigadas, ya que representan el 80% de los proveedores a las entidades locales, que sufrirán importantes recortes.

 

Pero el verdadero problema de esta situación, es una vez más el consumo, y el miedo a que éste disminuya. Estas medidas de recorte reducirán el poder adquisitivo de una parte de la población, una reducción que en algunos casos no será muy elevada, pero que podría generar desconfianza en el consumidor, algo que le hará comprar menos.

 

Por otro lado, los empleados públicos representan un elevado porcentaje de ciudadanos que no habían sufrido las consecuencias de la crisis, pues sus sueldos no habían peligrado, y menos aún sus puestos de trabajo (algo que no sucede en la empresa privada). Ahora el grueso de funcionarios y empleados públicos españoles han visto que no son inmunes, y van a ver reducido su sueldo. Por ello, la previsión también puede imperar en sus actitudes consumistas, por lo que podrían reducir notablemente el consumo, por lo que pueda pasar después.

 

La reducción, tanto de la inversión como de la ayuda al desarrollo, también puede influir negativamente en la estabilidad económica de las PYMES. No obstante, ninguna de las medida afecta directamente a empresas y autónomos. Eso sí, es más que probable que el consumo se contraiga, lo que supondrá, de manera indirecta, un problema más para las pequeñas y medianas empresas.

El conjunto de medidas pretende ahorrar al Estado 15.000 millones de euros en dos años, un ahorro que repercutirá en el crecimiento del país, pues según la propia ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el crecimiento para el próximo año caerá en medio punto. Algo que afectará a todos los agentes económicos, entre ellos pequeñas y medianas empresa y autónomos.